La ministra aseguró que el Gabinete se había apoyado para fundamentar la decisión en los artículos 70 y 102 de la Constitución. El primero de ellos prevé que la Confederación tiene el derecho de expulsar de su territorio a todos los extranjeros que el poder Ejecutivo (consejo Federal) tiene el deber de vigilar los intereses de Suiza más allá de sus fronteras, especialmente en lo que afecta a las relaciones internacionales.

Chirac y Jospin agradecieron ayer al unísono la colaboración prestada por las autoridades suizas. Estas pudieron actuar en el instante en el que recibieron la orden de detención, emitida en la tarde del jueves a través de Interpol.

Jospin dijo que su Gobierno había informado al suizo de la presencia de Papon en su territorio. París sostiene que la expulsión y entrega de este ex funcionario francés se hizo en aplicación de un acuerdo bilateral de 1965.

Papon fue sometido a un segundo examen médico tras ser entregado a Francia. La Policía del Aire y Fronteras francesa tenía la misión de entregarlo de inmediato a la Policía Judicial, con el fin de conducirle a la prisión de Fresnes, en la región parisina, donde debe cumplir la condena de 10 años de cárcel, que le fue confirmada el jueves por la mañana.

Papon, que no compareció ese día a la resolución del recurso, se había fugado a Suiza una semana antes, aprovechándose de una laguna legal. Desde allí declaró a través de sus abogados que prefería el exilio antes que una condena de 10 años.

Serge Klarsfeld, abogado y presidente de la asociación de hijos de deportados judíos, y padre de uno de los abogados de la acusación, tildó de "ejemplar" lo sucedido. "La opinión pública siempre creyó que Papon nunca iba a ser acusado y lo ha sido; que nunca sería juzgado y lo ha sido; que nunca se le condenaría y lo ha sido; que nunca iría a la cárcel y ya está en ella"

Papon desapareció de París hace más de una semana, cuando debía iniciar el cumplimiento de la pena que le había sido impuesta, y antes de que su apelación fuera escuchada por un alto tribunal. Hasta el momento de la huida, el colaborador de los nazis que siempre ha mantenido su inocencia, pese a haber firmado numerosas órdenes de deportación, y nunca mostró remordimientos por su ejecutoria en Burdeos -tenía libertad de movimientos. Ni el Ministerio de Justicia ni el de Interior habían hecho nada por mantenerle vigilado; incluso mantenía su pasaporte.

Bien está lo que bien acaba. Pero más allá de las consideraciones sobre la eficacia en este caso de jueces y policías, el rocambolesco asunto invita a reflexionar sobre la manifiesta desgana con que Francia afronta,

cada vez que se ve obligada a ello, su papel en un pasado (el del régimen colaboracionista) que rechaza recordar. De hecho, de los cuatro franceses perseguidos por crímenes contra la humanidad en los lóbregos días de Vichy, sólo uno ha acabado sus días en prisión.